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En defensa del Alguacil

2013-10-06

Por: Alfredo Molano, Tomado de EL ESPECTADOR

El cerro del Alguacil tiene 2.480 metros de altura y queda entre Valledupar y el hoy también municipio de Pueblo Bello, en el departamento de Cesar. Es una montaña que se destaca sobre las demás elevaciones por su majestuosidad y su soberanía, aun para nosotros los bunachis, los blancos que hemos invadido el territorio de las comunidades indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta. Desde principios del siglo pasado hemos atropellado su territorio, saqueado sus tumbas y guaqueado sus lugares sagrados, lo que llevó a los mamos a pensar con ingenuidad en la protección del Estado colombiano.

En 1916, los mamos llegaron a pie a Bogotá a pedirle al presidente de la República, José Vicente Concha, que les enseñara a leer, escribir y hacer cuentas, para poder defenderse de los negociantes. El jefe del Estado, ni corto ni perezoso, les mandó a los capuchinos, que llegaron con la misión de evangelizarlos y someterlos a la civilización occidental, incluso a trabajos forzados. Los indígenas recuerdan que los santos padres salían a caballo a reducir naturales secuestrando sus niños para llevarlos a la misión San Sebastián de Rábago.

En 1944 los indígenas comenzaron a organizarse y crearon ligas para defenderse del asalto, tanto de los capuchinos como de los terratenientes que los despojaban de sus tierras. Por la misma época, el Gobierno fundó en Pueblo Bello una granja para enseñar a los indígenas a producir excedentes, dado que el caserío era lugar de veraneo de los barranquilleros que llegaban en avioneta los fines de semana. Hoy, todavía, los niños juegan fútbol en la abandonada pista de aterrizaje.

 Pero además era necesario alimentar a un grupo de alemanes que el Gobierno recluyó durante la Segunda Guerra Mundial, cuando el presidente Santos le declaró la guerra a Alemania. Años más tarde, las ligas indígenas —que nunca desaparecieron— organizaron un cabildo mayor declarado ilegal por Rojas Pinilla en 1956. Cuando triunfó la Revolución cubana y EE.UU. ordenó bloquear la isla, el Ejército Nacional construyó en 1962 una base de comunicaciones estratégicas en el cerro del Alguacil, o Inarwa Tuma para los arhuacos. El 30 de enero de 1964, el municipio de Valledupar le cedió al Ministerio de Guerra el cerro, y en 1965 el notario de Valledupar, Anaïs Gutiérrez, teniendo como testigo al célebre maestro Rafael Escalona, protocolizó la escritura de despojo, contraviniendo el artículo 29 de la Ley 135 de 1961: “No se podrán hacer adjudicaciones de baldíos que estén ocupados por indígenas, sino con el concepto favorable de la División de Asuntos Indígenas”. Cuando en 1978 se registró la escritura, el Estado ya había reconocido como territorio ancestral la línea negra dentro de la cual está ubicado el cerro de Inarwa Tuma. Sobre esta ilegal titulación, el Ejército construyó una carretera e instaló antenas de comunicaciones.

Los indígenas consideran sagrado el cerro porque guarda las nueve piedras o fundamentos de la reproducción de las semillas. Si la energía que guardan sus cumbres se extinguiera, el daño a los indígenas sería idéntico al que les hacen Monsanto, el ICA y los TLC a los campesinos. La carretera fue en realidad una vía de colonización y de guaqueo, y las antenas una violación flagrante de lo que consideran su intimidad: la tierra es un cuerpo y los lugares sagrados son sus órganos. “Es como si a nosotros nos diera un día por tomarnos a las malas la catedral de Santa Marta para hacer ahí un corral de chivos”.

En la sentencia T-188 de 1993, la Corte Constitucional reconoció que “el derecho de propiedad colectiva ejercido sobre los territorios indígenas reviste una importancia esencial para los valores espirituales y las culturas de los pueblos aborígenes. Esta circunstancia es reconocida en convenios internacionales aprobados por el Congreso, donde se resalta la especial relación de las comunidades indígenas con los territorios que ocupan, no sólo por ser su principal medio de subsistencia, sino  porque constituyen un elemento integrante de la cosmovisión y la religiosidad”.

El Alguacil hace parte del territorio reconocido como Resguardo Arhuaco mediante las resoluciones 113 de 1974, 32 de 1975 y 78 de 1983. Desde esos días los indígenas han protestado de diversas maneras por lo que consideran una puñalada a su territorio y sus derechos. El Gobierno se escuda en que las instalaciones son imprescindibles para mantener el orden público, al punto de que en 2006 autorizó la construcción de una base militar para el Batallón de Artillería Nº 2 La Popa, desconociendo dos normas vinculantes: el derecho a la consulta previa libre e informada del pueblo arhuaco, según el convenio 169 de la OIT, y el numeral 1 del artículo 30 de la declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, que ordena: “No se desarrollarán actividades militares en las tierras o territorios de los pueblos indígenas, a menos que lo justifique una razón de interés público pertinente o que se haya acordado libremente con los pueblos indígenas interesados, o que estos lo hayan solicitado”. Los mamos rechazaron el hecho de que sin consulta previa ni licencia ambiental el Gobierno hubiera permitido la instalación de una línea de transmisión eléctrica a la empresa Electricaribe S.A., lo que consideran atentatorio contra la reproducción de la vida en toda la Sierra y en el mundo, pues ellos, los indígenas, han sido encargados por el Padre Mayor de sostener su equilibrio.

La Defensoría del Pueblo reconoció que a la existencia de la base militar se agrega la siembra de minas antipersonas en sus alrededores, lo que representa un riesgo para la vida de los indígenas y de sus ganados. (resolución de la Defensoría Nº 24 del 18 de septiembre de 2002). Las denuncias indígenas fueron acogidas por la Corte Constitucional en el auto 004 de 2009: “La afectación de los lugares sagrados de los Arhuacos y los Kogui por los actores armados genera la imposibilidad de realizar pagamentos, con lo que eso implica para su estructura y su integridad cultural; además se denuncia frecuentemente la profanación y el robo de objetos sagrados, con pérdida consiguiente de la autoridad”.

En mayo del año pasado los arhuacos organizaron una manifestación contra el Ejército Nacional reclamando sus derechos sobre el cerro de Inarwa Tuma y contra la erección de Pueblo Bello como municipio. Fueron acompañados por miembros de organizaciones defensoras de derechos humanos y ambientales, por artistas, intelectuales y deportistas. Los manifestantes subieron el cerro a pie y declararon ante los militares su inconformidad y su oposición irreversible a los daños y perjuicios asociados a la existencia de la base y de la instalación de antenas militares y comerciales, y a la construcción y ampliación de la carretera. Luego las denuncias fueron más específicas y la respuesta del Ejército más rígida y cerrada. Los indígenas acusaron al Ministerio de Defensa de comercializar el sitio sagrado al arrendar a empresas particulares 480 antenas de comunicación a razón de $80 millones al año, lo que representa una ganancia de unos $3.800 millones en total. Sobra decir que los arhuacos no están pidiendo participación en el lucro.

En enero de 2013 los mamos agregaron a la lista de  arbitrariedades la violación por parte de un miembro del Ejército de una mujer arhuaca, varios casos de robo de semovientes y, para rematar, “la irrupción de las Fuerzas Militares a las casas sagradas de los mamos llamadas Kankuruas”.

Los pueblos de toda la Sierra Nevada fueron poco a poco empujados hacia las zonas altas del macizo. La penúltima embestida estuvo a cargo del narcotráfico. Se defendieron con sus propios medios y, poco a poco también, han ido bajando, retomando sus territorios y recuperando sus lugares sagrados. Ahora el reto son los grandes proyectos llamados de desarrollo, como el puerto multimodal de Brisas, en Dibulla; los distritos de riego del Ranchería; la represa Besotes, y las grandes explotaciones de carbón.

Pero los indígenas han aprendido a luchar, a desconfiar de las promesas y, sobre todo, de los acuerdos con los gobiernos. A la recuperación de lugares sagrados y a la ampliación del resguardo han sumado otras demandas, como la soberanía territorial sobre municipios como Pueblo Bello, una región brutalmente golpeada por el paramilitarismo. Al cabildo gobernador mamo Rogelio Mejía le hicieron un atentado el 8 de noviembre de 2012, del que salió vivo por milagro o, mejor, por la protección de Serankwa, creador de las leyes eternas. 

Pueblo Bello crece, el Gobierno impulsa planes de vivienda y zonas de refugio para desplazados y desmovilizados. Los indígenas buscan, al lado de la recuperación del cerro del Alguacil, la delimitación precisa de su territorio, hoy cuestionada por el crecimiento de Pueblo Bello y los intereses turísticos puestos sobre el encantador pueblito de Nabusimake. Tienen la experiencia del Tayrona y están dispuestos a frenar la nueva modalidad invasora.

Por el momento han optado por darle al Gobierno tres años para que el Ejército quite las antenas y acabe con el negocio del arriendo de un lugar que no le pertenece. Han esperado en vano que el viceministro de Defensa asista a una reunión en Nabusimake para acordar las modalidades de retiro, pero ningún funcionario —uniformado o no— se ha hecho presente. Como siempre, digo yo, el Gobierno fuerza a la gente a actuar. No es aventurado adivinar que prepara al Esmad, en lugar del diálogo.

Miedos y adivinanzas

Los arhuacos consideran que el poblamiento blanco y mestizo es una punta de lanza contra Nabusimake, aldea representativa de la resistencia cultural. Piensan, con mucha razón, que el etnoturismo que amenaza sus tierras sagradas prostituye las comunidades, degenera a su juventud, mercantiliza su cultura y atropella su intimidad. Por eso en la bella aldea de Nabusimake, donde los acompañó El Espectador,  se han venido reuniendo los mamos para “adivinar” —pensar en su concepción de la mente— qué pasos deben dar para volver a Inarwa Tuma. Se reúnen días y días, mambean, comen poco, sueñan, y una noche deciden.

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